Se entiende por gobernabilidad al acatamiento voluntario y legitimado de las acciones y políticas públicas del Gobierno, por parte de la mayoría de la población y de los grupos sociales relevantes. Dicho acatamiento depende en gran medida de la capacidad de gestión gubernamental, de la aptitud y oportunidad del Gobierno de atender las demandas básicas de la población, de la compatibilidad de las creencias y valores de la mayor parte de ella con el proyecto socio-político de los gobernantes, y, en una dimensión subjetiva, de la percepción de los individuos sobre lo que hace y no hace el Gobierno y de cómo ello afecta sus vidas.

Asociando el término gobernabilidad a good governance (= buen gobierno),  se hace alusión, por un lado, al desafío que tienen las sociedades de generar un contexto que promueva, apoye y sostenga el desarrollo humano, mejorando las condiciones de vida de las personas, especialmente de los más pobres y los más marginados. Por el otro lado, el buen gobierno se caracteriza por la participación, la transparencia y la rendición de cuentas (accountability), además, es eficaz, equitativo, y promueve el imperio de la ley.

Fuente: PNUD, 1997 y Briones y Ramos, 1995,  en Picardo Joao, 1998.